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El ex ministro de Trabajo de la Nación y especialista en derecho laboral, Carlos Tomada, cuestionó con firmeza el impulso oficial a una reforma laboral en un contexto de recesión y pérdida de empleo.
En declaraciones a Splendid AM 990, sostuvo que “de ninguna manera es el momento adecuado para tratar una reforma laboral”, al considerar que las medidas que impulsa el Gobierno “no resuelven ninguno de los graves problemas que tiene Argentina”, sino que buscan incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los empleados.
Tomada señaló que detrás del proyecto existe una lógica que apunta a legalizar condiciones precarias ya extendidas. Advirtió que “casi el 50% de los trabajadores son informales” y que la reforma “formaliza la informalidad”, al permitir que prácticas fraudulentas adquieran amparo legal. “Figuras como el contrato de locación de obra o servicios, que antes permitían a un trabajador reclamar sus derechos, ahora, si vas a reclamar a un juez te dicen que tenés un contrato permitido por la ley”, explicó.
El ex ministro también rebatió el argumento de que las indemnizaciones desalientan el empleo, recordando que hubo un período “donde con la doble indemnización se duplicó la cantidad de empleo privado registrado”. En la misma línea, desestimó la existencia de una “industria del juicio”, y ejemplificó que “en la provincia de Buenos Aires, sobre 1,5 millones de trabajadores, solamente el 5% hicieron algún juicio”.
Crítica al relato sobre la inacción y la desregulación
El exfuncionario calificó de “falso” el discurso que sostiene que no se hizo nada para reducir el empleo informal. Aseguró que entre 2003 y 2015 el trabajo no registrado “bajó al 32%, 18 puntos”, gracias a políticas activas y a una “fuerte presencia” de la inspección laboral. Para Tomada, la supervisión del Estado es clave: “Si no hay temor al riesgo, los empresarios hacen lo que quieren”.
A su juicio, la verdadera intención de la reforma es “recuperar la tasa de ganancia”, lo que implica “avanzar sobre la masa salarial”. En contraposición, propuso “buscar políticas laborales a favor de un trabajo más humano que vayan más allá de un texto legal”.
Entre las medidas que considera prioritarias, planteó la necesidad de impulsar “un modelo productivo basado en la industria”, aplicar “mano dura en la evasión y en la elusión del cumplimiento de las leyes laborales y tributarias”, y establecer un esquema de contribuciones diferenciado donde las microempresas “prácticamente no paguen contribuciones”. También pidió “prohibir que el Estado contrate monotributistas” y fortalecer la negociación paritaria mediante el aumento del salario mínimo y la “libre negociación colectiva”.
En el cierre, Tomada recordó la postura de la central obrera: “La CGT acaba de en el día de ayer sacar una declaración de que no va a negociar ningún tipo de reforma laboral ni la va a aceptar tampoco con quita de derechos”.
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