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Foto: Diario Sindical
Los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, anunciaron la implementación de acciones gremiales y judiciales en rechazo a las recientes medidas del Gobierno de Javier Milei, las cuales incluyen una nueva rebaja salarial y la reducción de la planta de personal, lo que ha generado un fuerte malestar en el sector.
En un comunicado conjunto, los gremios AEFIP y SUPARA repudiaron el decreto que reduce nuevamente el presupuesto del Fondo de Jerarquización, que representa un adicional en los salarios de los empleados del organismo.
Los sindicatos denunciaron que los trabajadores vienen sufriendo una serie de recortes desde marzo, entre ellos el congelamiento de sueldos, una primera rebaja del Fondo en junio, la reinstalación del impuesto a las Ganancias en julio y ahora un nuevo ajuste que, según sostienen, financiará un plan de retiros voluntarios.
Falta de diálogo y deterioro institucional
Según los gremios, la única reunión mantenida con el Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, se limitó a una presentación inicial sin continuidad en el diálogo. Las medidas fueron comunicadas directamente a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, lo que, según los sindicatos, "configura un estado de crisis que altera la paz social, la productividad y profundiza los conflictos".
AEFIP y SUPARA señalaron que el organismo enfrenta un escenario crítico, con la menor planta de personal desde su creación, pese a contar con un superávit presupuestario superior al 40%. "No vamos a tolerar el avasallamiento a la estabilidad de nuestras fuentes de trabajo", aseguraron.
Próximos pasos
Pablo Flores, titular de AEFIP, y Carlos Sueiro, líder de SUPARA, ratificaron la unidad gremial frente a estas medidas y anticiparon la próxima definición de acciones conjuntas. Entre las medidas previstas se encuentran movilizaciones, paros y la presentación de recursos judiciales para defender los derechos laborales consagrados en los convenios colectivos.
Los gremios concluyeron su declaración con un llamado a resistir las políticas que "premian a los evasores debilitando la estructura del organismo".
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