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Foto: ADIUC
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025 que había suspendido sus efectos.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, tras los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado cuestionó que el Poder Ejecutivo condicionara la ejecución de la Ley 27.795 a la aprobación de partidas presupuestarias específicas y a las previsiones de la Ley de Administración Financiera. Según el fallo, ese mecanismo constituyó una vía de bloqueo que no está contemplada por la Constitución.
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La sentencia también sostiene que la propia legislación establece herramientas para determinar y redistribuir los recursos necesarios para su cumplimiento. Por ese motivo, ordenó al Gobierno adoptar las medidas necesarias para poner en marcha la norma.
Para analizar su impacto fiscal, el juez tomó como referencia un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó en 0,23% del PBI el costo total de las medidas previstas para 2025.
La ley contempla partidas para el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, destinadas a sostener la permanencia estudiantil y fortalecer las áreas de investigación, tecnología y extensión universitaria.
Además, establece la actualización de los salarios docentes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dispone incorporar sumas no remunerativas a los haberes básicos del personal universitario.
La norma había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo. Tras la insistencia de ambas Cámaras, el Gobierno debió promulgarla, aunque posteriormente suspendió su aplicación mediante el decreto ahora cuestionado.
La decisión corresponde a primera instancia y puede ser apelada por el Estado nacional.
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