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Una decisión de la Municipalidad de La Calera puso en riesgo la continuidad de LWK Ingeniería y Servicios, empresa que emplea directamente a 120 trabajadores. El conflicto llegó a la Justicia mediante una denuncia penal y un amparo que espera resolución del Tribunal Superior de Justicia.
LWK funciona en la zona desde comienzos de los 2000 y sostiene que desde 2007 obtuvo sucesivas habilitaciones municipales. La situación cambió con el Decreto 70/25, firmado por el intendente Fernando Rambaldi, que modificó los usos permitidos en Cuesta Colorada y restringió actividades como el acopio de áridos, el depósito de contenedores y camiones.
La empresa cuestiona que la modificación se haya realizado sin intervención del Concejo Deliberante y sostiene que afecta derechos adquiridos durante dos décadas. También denunció irregularidades en el procedimiento que terminó con la clausura definitiva de sus instalaciones.
El municipio rechaza los cuestionamientos y sostiene que LWK ocupa entre nueve y 11 lotes, pese a haber declarado solamente dos al solicitar la habilitación. La empresa niega esa acusación.
El conflicto también alcanzó a Conte Más SRL, firma dedicada a la recolección y traslado de residuos de obra, que emplea a 64 trabajadores y decidió abandonar la zona. Su titular, Gabriel Marziale, advirtió que si nadie continúa con el servicio, los residuos podrían terminar en la vía pública.
Foto: Conte Mas
Ambas empresas cuestionan el accionar municipal y sostienen que sus actividades contaban con habilitaciones. LWK, además, señaló que otras actividades similares continúan funcionando en el sector sin haber sido clausuradas.
En ámbitos empresarios y políticos surgieron sospechas sobre un eventual interés inmobiliario en los terrenos afectados, aunque el municipio descarta esa posibilidad.
El conflicto se desarrolla además en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición a la gestión de Rambaldi. El jefe de la bancada peronista, Claudio Morán, acusó al intendente de conducir el municipio de manera “totalmente autoritaria” e inconsulta.
Mientras continúan las denuncias cruzadas, la Justicia deberá definir la validez de las medidas adoptadas por el municipio.
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