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Diversos gremios estatales aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba reclamaron nuevamente al gobernador Martín Llaryora el cese del ajuste previsional y reiteraron su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria.
El pronunciamiento fue firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Cordobesa de Empleados de Casinos (ACEC), el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba (SELC) y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SIRELYF).
Las organizaciones sindicales respaldaron el reclamo formulado por la Provincia ante el Gobierno nacional por el envío de los fondos previsionales, aunque sostuvieron que el Ejecutivo cordobés debe cumplir con sus obligaciones, especialmente luego de que en mayo se duplicara la transferencia mensual que la ANSES envía a la Caja de Jubilaciones.
En ese marco, los gremios insistieron en la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria y recordaron el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que, en un caso particular, redujo del 8% al 6% la alícuota adicional prevista por esa normativa.
Además, renovaron sus reclamos por el fin del diferimiento de los aumentos para jubilados, la eliminación del descuento por doble beneficio y el cumplimiento del 82% móvil.
El documento también cuestionó la política de recupero de deudas del Banco de Córdoba (Bancor), al denunciar que la entidad aplica descuentos que, en algunos casos, absorben la totalidad de los haberes de trabajadores activos y jubilados, incluso sobre el medio aguinaldo y otras prestaciones.
En ese marco, las organizaciones sindicales reclamaron la intervención del Gobierno provincial para frenar esos descuentos y establecer un tope legal a los débitos sobre las cuentas sueldo, al considerar que los actuales mecanismos afectan el ingreso y el sustento de miles de familias.
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