Editar noticia
Compartir esta nota
Foto: FATPREN
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno argentino por la presunta violación de los Convenios 111 y 154, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).
La presentación fue realizada por la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, junto al asesor legal Guillermo Gianibelli. También participaron el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, y la abogada de la central obrera, Marta Pujadas. La delegación fue recibida por Horacio Guido, jefe del Servicio de Aplicación de Normas de la OIT, ante quien expuso los fundamentos de la denuncia.
El reclamo se da luego de que Gobierno nacional fijara la derogación de los Estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo, normas que desde hace más de ocho décadas regulan aspectos centrales de la actividad periodística y garantizan derechos laborales específicos para el sector.
Según señaló FATPREN, a la que está adherida el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), la medida “constituye un acto de hostigamiento institucional y desmantelamiento de las garantías mínimas de protección laboral de quienes ejercen el periodismo”. La denuncia fue formulada en el marco del artículo 24 de la Constitución de la OIT.
Desde la federación advirtieron que la eliminación de ambos estatutos, prevista para fin de año como consecuencia de la Ley 27.802 de Reforma Laboral, generará un vacío normativo que no será reemplazado por ninguna regulación de alcance equivalente. La organización alertó además sobre el impacto que esta situación tendrá en materias sensibles como la estabilidad laboral, la jornada de trabajo y la protección frente a despidos arbitrarios.
Foto: FATPREN
El documento sostiene que la derogación de estas normas afecta no solo a los trabajadores y trabajadoras de prensa, sino también a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información. En ese sentido, argumenta que la desarticulación de la profesión periodística tendrá consecuencias negativas sobre el ejercicio de la actividad y sobre las condiciones en que se desarrolla.
La presentación también denuncia que, desde la promulgación de la reforma laboral, ya comenzaron a registrarse efectos concretos sobre el sector. Entre ellos, menciona la negativa de las empresas periodísticas a negociar colectivamente bajo el argumento de la inminente derogación de los estatutos, así como la creciente incertidumbre respecto de derechos laborales fundamentales.
Compartir esta nota
