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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanza hacia una nueva reducción de su estructura luego de que cerca de 900 trabajadores adhirieran al régimen de retiro voluntario impulsado por el Gobierno nacional.
Las autoridades ya aceptaron las primeras 377 solicitudes y el proceso se suma a otras medidas de recorte aplicadas sobre el organismo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El programa fue promovido en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger.
No es la primera vez que se implementa un esquema similar en el INTA. En 2024 se había abierto una convocatoria anterior, pero con una adhesión mucho menor: alrededor de 300 trabajadores aceptaron las condiciones ofrecidas en ese momento.
El actual régimen contempla una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado para empleados de planta permanente con más de tres años de antigüedad y hasta 60 años. Para quienes superan esa edad se establecieron topes de 12 y 24 haberes, según cada caso.
Con estas nuevas desvinculaciones, el organismo perderá alrededor de 900 trabajadores especializados. Desde el gremio Apinta estiman que, desde fines de 2023 hasta abril de 2026, ya se habían producido unas 1.145 bajas entre jubilaciones, renuncias, licencias y el anterior retiro voluntario.
De esta manera, el INTA habría perdido cerca de 2.000 trabajadores en poco más de dos años, muchos de ellos vinculados a tareas de investigación y desarrollo agropecuario.
En paralelo, continúa otro de los ejes del plan oficial: el cierre de agencias de extensión distribuidas en distintas regiones del país. Según datos del sector, ya se habría concretado aproximadamente la mitad del esquema previsto, con 48 dependencias afectadas.
Sin embargo, algunas decisiones fueron frenadas en la Justicia. Tras una presentación realizada por trabajadores y organizaciones gremiales, un tribunal suspendió por seis meses el cierre de la agencia INTA AMBA, una de las más cuestionadas por su vínculo con la producción periurbana y por la posible venta de los terrenos donde funciona.
Mientras tanto, el resto de las medidas de reestructuración continúan bajo análisis y mantienen abierto el conflicto entre las autoridades del organismo y los trabajadores.
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