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Foto: Perfil
El Gobierno nacional avanzó con la implementación de uno de los ejes de la reforma laboral al reglamentar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema que reduce las cargas patronales.
La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 315/2026 y establece beneficios impositivos por un período de hasta cuatro años para aquellas empresas que incorporen trabajadores no registrados. El objetivo declarado es "disminuir el costo laboral para estimular la generación de empleo formal".
La entrada en vigencia de este régimen se produce luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo dejara sin efecto la cautelar que había frenado la reforma laboral. Con ese aval judicial, el Ejecutivo comenzó a activar los instrumentos previstos para el nuevo marco normativo.
El programa alcanza exclusivamente a relaciones laborales que se inicien y formalicen entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, siempre que sean registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El universo de trabajadores contemplados incluye a personas sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025, desocupados recientes, ex monotributistas sin antecedentes laborales en relación de dependencia en el sector privado durante los últimos seis meses, y quienes provengan del ámbito estatal en cualquiera de sus niveles.
Como límite, la normativa establece que las nuevas incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la dotación total de cada empresa. Además, en caso de incumplimiento, los empleadores deberán afrontar el pago de las contribuciones omitidas junto con intereses y sanciones, bajo supervisión de ARCA.
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