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Foto: Télam
El peso de las tarifas en la economía doméstica cordobesa sigue en aumento y ya representa una porción significativa de los ingresos familiares. De acuerdo a un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia, un hogar tipo puede destinar hasta el 16% de un salario promedio al pago de servicios públicos y transporte, un nivel de incidencia que podría agravarse con la llegada del invierno.
El informe advierte que el impacto tenderá a profundizarse en los próximos meses, cuando crezca el consumo de gas y electricidad por las bajas temperaturas. En ese escenario, los costos vinculados a la energía se sumarán a una estructura de gastos que ya muestra fuertes tensiones.
El transporte aparece como uno de los rubros que más presiona sobre el presupuesto. Una familia necesita más de $75.000 mensuales solo para cubrir 44 viajes en colectivo, cifra que asciende a $165.180 si se agregan algunos traslados en taxi o remis.
Al analizar el conjunto de servicios -que incluye luz, agua, gas y movilidad-, la Defensoría determinó que en marzo un hogar compuesto por dos adultos y dos menores destinó entre el 11,2% y el 15,98% de sus ingresos a cubrir estos gastos esenciales.
La carga no es uniforme. Los sectores de menores ingresos son los más afectados: quienes perciben salarios bajos -alrededor de $904.992- llegan a destinar hasta el 16% de sus recursos, lo que equivale a unos $144.679 mensuales. En los hogares de ingresos medios, el esfuerzo alcanza el 13,8% (unos $253.000), mientras que en los niveles más altos se reduce al 11,2%, aunque con montos absolutos significativamente mayores.
La situación se agrava en viviendas sin acceso a gas natural, donde el costo energético se duplica. En esos casos, la compra de garrafas puede implicar un gasto cercano a los $44.640 mensuales.
El estudio también subraya que, si bien los salarios registraron incrementos en los últimos meses, estos quedaron por detrás de la evolución de las tarifas, consolidando una pérdida relativa del poder adquisitivo frente a los servicios básicos.
Detrás de esta dinámica aparece el cambio en la política de subsidios implementado a nivel nacional. El nuevo esquema reemplazó la segmentación previa por un sistema más restrictivo, diferenciando entre hogares con y sin asistencia estatal, lo que dejó a numerosos usuarios con menor cobertura o directamente sin subsidios.
En este contexto, las subas tarifarias -tanto en servicios prestados por empresas privadas como en aquellos bajo gestión estatal- incrementaron su peso dentro de los gastos corrientes. El resultado es un escenario en el que cubrir necesidades básicas como energía y transporte demanda una proporción cada vez mayor del ingreso familiar.
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