ATE Córdoba denuncia criminalización de la protesta tras pedido de elevación a juicio contra Giuliani

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba denunció la presentación del requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta contra el secretario general del gremio, Federico Giuliani, por hechos ocurridos el 28 de agosto del año pasado frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, en el marco de una protesta para reclamar alimentos.

Desde la organización sostienen que se trata de “una grave maniobra de criminalización de la protesta social”, basada en una investigación que, aseguran, presenta inconsistencias, contradicciones y omisiones.

Durante aquella jornada de reclamo fueron detenidos dirigentes sindicales, militantes y trabajadores que luego fueron trasladados al penal de Bouwer. Según el planteo del sindicato, la acusación intenta sostenerse a partir de testimonios que no logran acreditar responsabilidades individuales.

Entre las personas detenidas se encontraba Giuliani, también titular de la CTA Autónoma provincial, quien permaneció durante 24 horas esposado a la cama de un hospital, situación que desde el gremio calificaron como de “extrema gravedad institucional”. También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Autónoma Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaron de la protesta.

En el operativo también resultaron demorados César Theaux, secretario de Derechos Humanos del sindicato, quien se encontraba brindando asistencia legal en el lugar, y Fermín Denipoti, trabajador de prensa de la organización que realizaba la cobertura periodística. Ambos se identificaron como abogado y periodista respectivamente, pero igualmente fueron trasladados al penal de Bouwer.

Cuestionamientos a la investigación

Desde ATE Córdoba sostienen que el requerimiento de elevación a juicio se apoya en testimonios contradictorios y en hechos que, según afirman, no fueron debidamente verificados por la Fiscalía. Entre los cuestionamientos señalan que empleados municipales declararon haber observado supuestas acciones de manifestantes desde el interior del edificio, pese a que -según indican- los vidrios de la Secretaría se encuentran ploteados, lo que impediría ver hacia el exterior.

También remarcan que algunos de los propios testigos mencionados en la causa habrían señalado que fueron efectivos policiales quienes colocaron escritorios y otros elementos dentro del lugar, lo que contradice la versión que sustenta la acusación.

Otro de los puntos señalados por el gremio es que los hechos denunciados no estarían debidamente individualizados, es decir, no se identifica con precisión quién habría realizado cada acción, lo que para el sindicato evidencia la debilidad de la imputación.

Denuncian intento de disciplinar la protesta

Desde la conducción provincial de ATE y la CTA Autónoma Córdoba sostienen que el avance de la causa forma parte de una estrategia para disciplinar a las organizaciones que se movilizan frente a las políticas de ajuste.

Las organizaciones remarcaron que continuarán reclamando el cierre de la causa y advirtieron que defender el derecho a protestar “es defender la democracia”.

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