Gremios estatales y aportantes presentaron un amparo contra la reforma previsional del Gobierno de Córdoba
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Foto: Diario Sindical
En el marco de una jornada provincial de protesta, gremios estatales y aportantes presentaron este viernes un amparo colectivo en la Justicia contra la reforma previsional del Gobierno de Córdoba, la cual establece una suba en los aportes personales de los trabajadores.
Con una concentración frente a Tribunales I, las organizaciones formalizaron la acción judicial para frenar la aplicación de la norma. Los sindicatos y sus asesores legales sostienen que la Ley provincial 11.087 y su decreto reglamentario (258/2025) son inconstitucionales porque violan el Convenio de Armonización Previsional firmado por la Provincia y la Nación, acuerdo que impide que el Gobierno local modifique los aportes previsionales que fija la ley nacional.
La medida forma parte de un plan de lucha que se viene desarrollando desde fines del año pasado y que incluyó distintas movilizaciones y acciones gremiales durante los primeros meses de este año. Las organizaciones aseguran que la presentación del amparo colectivo es un nuevo paso en una estrategia que combina la protesta en la calle con la vía judicial.
Foto: Diario Sindical
Entre las entidades firmantes se encuentran el SEP (empleados públicos), SELC (legislativos), UEPC (docentes), ACEC (casinos), UOGC (gráficos), AB Córdoba (bancarios), SADOP (docentes privados), ADEME (docentes), Luz y Fuerza Regional, Luz y Fuerza Río Cuarto, SIVIALCO (viales), Músicos, UPS (jerárquicos), AGEPJ (judiciales), Federación de Municipales, AMET (docentes), APSE (Epec), AB Río Cuarto (bancarios), AB Villa María (bancarios), AB Marcos Juárez (bancarios), AB San Francisco (bancarios), SUOEM (municipales), Luz y Fuerza de Río Cuarto y Luz y Fuerza Córdoba.
Los gremios cuestionan que la reforma previsional consagrada en la Ley 11.087 se centre en incrementar los porcentajes de aportes personales sin abordar otras fuentes de financiamiento del sistema. En ese sentido, argumentan que la medida impacta de manera directa en el ingreso mensual de los trabajadores en actividad, en un contexto económico atravesado por la pérdida de poder adquisitivo.
Además, las organizaciones exigen al Gobierno nacional el envío de fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
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