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La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, endureció su postura y dejó en claro que no habrá margen para demoras: si alguna empresa no acredita la totalidad del salario y el aguinaldo antes del cuarto día hábil, los colectivos de esa firma quedarán inmediatamente fuera de circulación.
El gremio lo comunicó con un mensaje directo, rechazando cualquier intento empresarial de dividir los pagos y denunciando que los choferes no pueden seguir siendo quienes absorban los costos de un sistema desequilibrado por disputas entre privados y el Estado.
El salario básico acordado para noviembre de 2025 se ubica en $1.370.000 y, sumados los viáticos de $13.000 por jornada laboral, el ingreso mensual ronda los $1.682.000. Esa cifra es hoy el núcleo del reclamo sindical, que exige su depósito completo y en tiempo.
En el interior del país, la FATAP, que agrupa a compañías de varias provincias, elevó una presentación formal advirtiendo que la eliminación de subsidios nacionales, los aportes provinciales insuficientes y las tarifas congeladas conforman una ecuación imposible de sostener. La caída del movimiento de pasajeros, el cierre de empresas y la irrupción de medios informales e inseguros completan un cuadro que se agrava mes a mes. Por ello reclaman una mesa urgente con la UTA para definir mecanismos extraordinarios que les permitan cumplir con los salarios de diciembre, incluidos los haberes de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo.
Foto: Télam
Por su parte, el escenario en el AMBA se vuelve cada vez más crítico. Las cámaras empresarias que operan en la región ya advierten un posible quiebre del transporte público: aseguran que las tarifas reguladas no alcanzan a cubrir ni el 70% de los costos reales y que, aun con subsidios, sigue faltando más del 30% para equilibrar las cuentas. El reciente freno total de un operador en el sur del Gran Buenos Aires -que dejó a miles de choferes sin cobrar y a millones de pasajeros sin servicio- expuso al límite de un sistema que hoy acumula unas cuarenta empresas con salarios impagos o abonados en partes. Para noviembre, la mayoría confirmó que dividirá los sueldos en dos cuotas y el aguinaldo en seis.
Mientras los empresarios reclaman un aumento tarifario que se traslade a los usuarios, la UTA niega cualquier flexibilización: sostiene que la falta de ingresos no puede justificarse a costa de los trabajadores y que el salario completo es una obligación innegociable.
Sin avances visibles y con un clima de creciente incertidumbre, el paro aparece como una posibilidad concreta que impactará en millones de usuarios si las empresas no cumplen con el pago íntegro.
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