Protesta social: la Cámara de Apelaciones ordenó que una causa contra Federico Giuliani pase a la Justicia Federal

Foto: CTA-A Córdoba

La Cámara de Apelaciones de Córdoba resolvió que una causa originada tras la represión policial del 25 de mayo de 2024, durante la visita del presidente Javier Milei a la ciudad, sea traspasada a la Justicia Federal. De este modo, el tribunal rechazó que el expediente continúe tramitándose en el ámbito provincial.

La investigación se había iniciado a partir de los hechos ocurridos en el marco de una protesta social y tenía como principal imputado al secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani. En ese contexto, se le atribuyó el delito de “instigación pública para cometer delitos”, tipificación prevista en el artículo 33 del Código Penal, de competencia federal.

La resolución judicial ratifica lo que la defensa sostuvo desde el inicio: que la causa no correspondía a la órbita provincial. Esa postura ya había sido avalada en primera instancia por la jueza de Control y ahora fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó la remisión del expediente a la Justicia Federal.

A partir de esta causa, se habían dispuesto medidas que desde el entorno sindical calificaron como "desproporcionadas", entre ellas allanamientos en la sede de ATE Río Cuarto y en el domicilio particular de Giuliani, el secuestro de teléfonos celulares -incluido el de su hijo menor- y la imposición de una caución de 10 millones de pesos para mantener su libertad durante el proceso.

"Resulta que el fiscal De Aragón le imputa a Giuliani un delito establecido en el articulo 33, que es de orden federal. Es decir que pretendió llevar a juicio a Federico por un delito para el que no es competente. Se lo dijimos desde la defensa, después se lo dijo la jueza de Control, que nos dio la razón en primera instancia, y ahora se lo dice la Cámara de Apelaciones”, detalló el abogado Claudio Orosz, a cargo de la defensa de Giuliani.

Por su parte, el titular de ATE Córdoba y la CTA-A Córdoba volvió a denunciar una estrategia de persecución judicial contra dirigentes gremiales y sociales vinculados a las protestas. “Seguimos sosteniendo que protestar no es un delito, sino un derecho. Nuestra legitimidad surge de la lucha por una vida digna para nuestra gente y de estar permanentemente en la calle”, afirmó.

La decisión de la Cámara se suma a otro antecedente reciente en el que el mismo tribunal sobreseyó a Giuliani y a otros dirigentes sociales en una causa vinculada a la Marcha Contra el Hambre de 2023. En aquel fallo, los camaristas remarcaron que es “indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar, reunirse y peticionar a las autoridades”, en el marco del artículo 14 de la Constitución Nacional.

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