La Mesa Sindical de las Comunicaciones rechazó la reforma laboral y alertó por un ataque al periodismo y la cultura
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La Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba expresó un rechazo contundente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al advertir que profundiza el rumbo iniciado con el DNU 70/23 y la Ley Bases y que representa un nuevo avance sobre los derechos laborales, la cultura y el periodismo.
A través de un comunicado, los gremios del sector señalaron que la iniciativa no solo debilita las instituciones del trabajo en beneficio del empresariado, sino que golpea de manera directa a las comunicaciones y a la producción cultural. En ese sentido alertaron que la propuesta oficial atenta contra pilares centrales de la democracia, como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Uno de los puntos más cuestionados es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y de la Regulación del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 13.839). Según indicaron, estas normas constituyen garantías fundamentales para el ejercicio del periodismo y su eliminación implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales y de protección de las fuentes informativas.
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Además, la Mesa Sindical denunció la eliminación de un capítulo completo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), que actualmente establece gravámenes destinados al financiamiento de organismos clave para la cultura y la comunicación. Entre ellos, el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, proyectos especiales de comunicación audiovisual y el Instituto Nacional de la Música.
Desde las organizaciones remarcaron que la comunicación y la cultura son herramientas estratégicas para la construcción de soberanía y la defensa de la independencia nacional. Por ese motivo, los sindicatos que integran la Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba convocaron a la población a defender la democracia y a organizarse para frenar lo que definieron como un avasallamiento de derechos conquistados.
El pronunciamiento lleva la firma de SATSAID (televisión), UOGC (gráficos), AATRAC (comunicaciones), SUTEP (espectáculos públicos) y CISPREN (prensa).
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