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Molina Herrera (centroizquierda) y Suárez (centroderecha)
El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba dictó este martes una sentencia inédita para el sindicalismo provincial: la cúpula de Luz y Fuerza fue condenada por maniobras de defraudación que, según la Justicia, se sostuvieron durante años mediante el uso irregular de fondos gremiales. La resolución alcanzó a la actual conducción y a referentes históricos del sindicato, aunque el tribunal descartó la acusación más severa que pesaba sobre ellos: la de asociación ilícita.
La presidenta del tribunal, Noel Costa, junto a los jueces José Asís y Carolina Prado, concluyeron que las pruebas permitían acreditar un esquema de administración fraudulenta, pero no la existencia de una organización delictiva establecida con ese fin. El razonamiento –que luego ampliarán en los fundamentos– se centró en que las maniobras detectadas constituyeron un único delito con diversas operaciones derivadas, pero no un entramado criminal autónomo.
Un mecanismo sostenido con cheques y retornos
Durante el debate oral quedó expuesto que, bajo las gestiones de Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera, se instrumentó un circuito de libramiento de cheques a nombre de empleados, proveedores y terceros. Esos valores eran luego cobrados por intermediarios que, de acuerdo con la investigación, entregaban el dinero nuevamente a los dirigentes involucrados. Las cifras, generalmente “redondas”, buscaban pasar inadvertidas en los controles bancarios, una práctica conocida como “pitufeo”.
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Ese flujo de fondos se complementaba con movimientos vinculados al Fondo Compensador del gremio, que también habría servido como vía de retorno para los imputados. Para el fiscal general Carlos Casas Nóblega, ese andamiaje constituía una asociación ilícita; pero el tribunal entendió que se trataba de un único hecho de defraudación, reiterado en varias maniobras.
Las penas impuestas
El ex secretario general Gabriel Suárez recibió la condena más severa: seis años de prisión como coautor de defraudación y por el lavado de activos proveniente de ese delito. Los jueces señalaron que, a diferencia de otros imputados, en su caso sí fue posible vincular temporalmente los desvíos con la posterior adquisición de bienes.
El actual titular de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera, fue condenado a cuatro años y medio de prisión, mientras que el ex secretario de finanzas y actual responsable de vivienda y obras, Fernando Navarro, recibió cuatro años. La misma pena recayó sobre Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas) y Roque Daniel Tapia (secretario adjunto).
También fueron condenados el ex apoderado gremial José Ramón Galván y el entonces apoderado Alexis Fidelbo, ambos a tres años de prisión en suspenso, y Martín López, empleado del gremio, a un año de prisión condicional, unificada en una pena de tres años por un antecedente previo.
La hija de Molina Herrera, Yanina Molina, y varios imputados por lavado quedaron absueltos por falta de prueba en esa figura.
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Lo que quedó fuera: asociación ilícita y lavado para parte de los imputados
El tribunal explicó que no se configuró la asociación ilícita porque no se acreditó que el grupo hubiera sido creado con fines delictivos. “Una cosa es una organización lícita que comete delitos; otra, una asociación nacida para delinquir”, señaló la jueza Costa al anticipar los criterios del fallo.
Asimismo, los magistrados descartaron el delito de lavado para Molina Herrera y Navarro. Las operaciones imputadas, según indicaron, ocurrieron antes de que se verificaran los hechos de defraudación que les daban origen. El único caso en el que coincidieron los tiempos fue el de Suárez.
Consecuencias institucionales y lo que viene
Si las penas quedan firmes, los dirigentes condenados no podrán continuar en sus cargos, ya que el propio estatuto de Luz y Fuerza prohíbe ejercer funciones gremiales bajo condena penal.
Los acusados deberán afrontar las costas del proceso. En los próximos días se conocerán los fundamentos completos y no se descarta que tanto las defensas como el Ministerio Público Fiscal recurran la sentencia.
Los acuerdos que evitaron el juicio
Nueve imputados secundarios, señalados como los intermediarios que cobraban los cheques utilizados en las maniobras, evitaron enfrentar el juicio mediante acuerdos con el fiscal Casas Nóblega. Aportaron 15 millones de pesos para resarcir al sindicato y accedieron a la suspensión del proceso a prueba, luego homologada por el TOF2.
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