Editar noticia
Compartir esta nota
Foto: ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió realizar un paro nacional el próximo 18 de diciembre y movilizar a Plaza de Mayo desde las 15 horas, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Será la primera huelga confirmada en respaldo a la convocatoria lanzada por la CGT contra la iniciativa que ya ingresó al Congreso.
La medida de fuerza también incorporará un reclamo salarial: el gremio exige la reapertura inmediata de paritarias para recomponer la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos dos años y rechaza, además, la intención oficial de avanzar con un recorte del 10% en la planta de personal del Estado.
La decisión fue adoptada por el consejo directivo nacional de ATE, luego del mandato otorgado por las conducciones de las 191 seccionales y las 24 provincias durante el plenario confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis. Junto con la movilización central en la ciudad de Buenos Aires, el sindicato anticipó protestas en todo el país frente a las casas de gobierno provinciales.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, apuntó con dureza contra los gobernadores y los responsabilizó por el futuro del proyecto en el Congreso. Sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de asfixiar a las provincias” y llamó a intensificar la presión en cada territorio. Para el dirigente, el argumento oficial de que la reforma generará empleo “es puro verso” y el contenido de la ley responde a “una lógica autoritaria, incompatible con un sistema democrático”.
Aguiar cuestionó especialmente la ampliación de la jornada laboral y las nuevas formas de pago habilitadas por el proyecto. Advirtió que permitir jornadas de hasta 12 horas y remuneraciones en especie supone un retroceso grave en derechos laborales y una amenaza directa a la salud física y mental de los trabajadores. En esa línea, afirmó que la propuesta va a contramano de las tendencias internacionales, que avanzan hacia la reducción del tiempo de trabajo.
Desde ATE señalaron que, aunque ya esperaban un proyecto regresivo, el texto final superó las peores previsiones. Alertaron que la reforma impactará de lleno en organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, alcanzando a más de 70.000 estatales, y denunciaron que la redefinición del vínculo laboral vía monotributo busca consolidar esquemas de fraude laboral en el Estado nacional, las provincias y los municipios.
El sindicato remarcó que el deterioro económico de los últimos dos años golpeó con mayor fuerza a las provincias, producto de la caída de la coparticipación, el desplome del consumo, el ajuste en las transferencias y la paralización de la obra pública, un escenario que -advirtieron- se profundizará si la reforma laboral avanza en el Congreso.
Compartir esta nota
