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El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a sesionar este miércoles, encuentro que no arrojó acuerdos entre las partes. En consecuencia, el Gobierno nacional definirá el piso salarial y las prestaciones por desempleo a través de un decreto que se publicará en los próximos días.
La reunión, que se desarrolló de forma virtual, contó con distintas posturas. En primer lugar, la CGT abrió la ronda de propuestas planteando un aumento a $512.000 para noviembre, con incrementos graduales hasta alcanzar $553.000 en abril de 2026.
Por su parte, la CTA Autónoma recordó que en abril las tres centrales coincidieron en que el salario mínimo debía ubicarse en $644.000, y que la actualización progresiva llevaría ese valor a $736.000 en noviembre. En ese sentido, reclamó aumentos por encima de la inflación hasta alcanzar la Canasta Básica total.
En tanto que los representantes empresariales ofrecieron una actualización irrisoria: $326.000 para noviembre; $331.000 para diciembre; $340.000 para febrero; $345.000 para marzo; y $349.000 para abril. En total, apenas $27.000 de incremento en seis meses, muy por debajo de cualquier índice inflacionario y del valor de la Canasta Básica.
Luego de pasar a un cuarto intermedio y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Cabe marcar que durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo aplicó siempre el mismo criterio: sellar el piso salarial en línea con la propuesta empresarial.
Tanto la CGT como la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores reiteraron el pedido de que el Consejo del Salario sesione de manera presencial.
Foto: Télam
Un salario congelado
El ingreso mínimo lleva meses sin modificaciones y permanece en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa, mientras que el valor por hora para trabajadores jornalizados continúa en $1.610. Este monto no solo fija el piso para los asalariados registrados, sino que actúa como referencia para prestaciones sociales administradas por la ANSES, por lo que su actualización impacta de manera directa en millones de beneficiarios.
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