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Foto: CTERA
La circulación en algunos medios de un documento preliminar que propone una profunda reforma del sistema educativo encendió las alarmas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
La organización expresó un repudio categórico al borrador conocido como “Ley de Libertad Educativa”, al que considera un ataque directo a la educación pública, al rol del Estado y a los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas de organización sindical.
Según la central docente, la iniciativa pretende desmantelar la Ley de Educación Nacional 26.206, aprobada en 2006 tras un extenso proceso de debate federal que involucró a las comunidades educativas, organizaciones sociales y fuerzas políticas de todo el país.
El nuevo documento, advierte CTERA, cuenta con una visión centrada en la lógica del mercado y en los intereses de los sectores privados más concentrados, redefiniendo la educación como un “servicio” sujeto a la libertad individual.
Foto: CTERA
El sindicato subraya que detrás de un uso “banalizado” del concepto de libertad, el proyecto elimina al Estado como garante del derecho educativo y limita su función a un rol subsidiario, lo que implicaría desresponsabilizarlo del financiamiento integral del sistema. También critica que la propuesta coloque a la familia como principal agente educativo, reduciendo el valor social de la escuela como espacio de igualdad, ciudadanía y justicia social, al tiempo que introduce educación religiosa confesional y habilita modalidades como el homeschooling.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la CTERA es el intento de derogar los artículos de la LEN que aseguran un piso mínimo de inversión del 6% del PBI en educación y que prohíben la firma de tratados comerciales que mercantilicen la enseñanza pública. En la misma línea, alerta sobre la intención de reemplazar el financiamiento del sistema por mecanismos de subsidio a la demanda —como vouchers para familias que elijan escuelas privadas—, transformando un derecho universal en un bien sujeto a capacidad económica.
El borrador también propone declarar la educación general básica como “servicio esencial”, lo que implicaría restricciones al derecho a huelga, además de instaurar evaluaciones estandarizadas y dispositivos punitivos para la docencia basados en criterios meritocráticos, desconociendo el valor pedagógico de las evaluaciones formativas que acompañan las trayectorias estudiantiles.
Para CTERA, el proyecto configura “un retroceso reaccionario” que empuja a la Argentina hacia un modelo educativo previo a las conquistas del siglo XX. En un comunicado contundente, la Junta Ejecutiva sostuvo que se trata de un intento de privatización y desestructuración de la educación pública, y llamó a toda la comunidad educativa a mantenerse en estado de alerta frente a un avance que, aseguran, compromete la democracia y el derecho social a la educación.
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