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Foto: Télam
A poco de que el Congreso nacional renueve bancas, la Casa Rosada volvió a colocar la reforma laboral en el centro de su estrategia legislativa.
El oficialismo pretende que la discusión avance desde el inicio del próximo período parlamentario y, para eso, ya empezó a mostrar los trazos principales del paquete de cambios. Julián De Diego, abogado laboralista y asesor del Ministerio de Capital Humano, fue quien anticipó en distintas entrevistas la orientación general del proyecto, pensado -según sus palabras- para reemplazar un andamiaje normativo.
De Diego adelantó que la propuesta apunta a rediseñar la forma en que se actualizan los salarios. Afirmó que, en un contexto "sin inflación", se busca abandonar los mecanismos tradicionales de ajuste y pasar a un esquema en el que la remuneración dependa en mayor medida del desempeño y de parámetros objetivos. En esa línea habló de un modelo centrado en “la cultura de la productividad”, en el que los convenios colectivos dejarían de ser la vía principal para definir aumentos, mientras que ganarían peso los premios vinculados a la capacitación, la prevención de riesgos, el trabajo colaborativo y la eficiencia ambiental, siguiendo experiencias como la del sector bancario.
El Congreso de la Nación debatirá la reforma laboral - Foto: Télam
Licencias
El proyecto también introduce cambios en materia de licencias. Una de las modificaciones previstas permitiría dividir las vacaciones en segmentos no inferiores a una semana, bajo el argumento de que esta modalidad se ajusta mejor a los ritmos productivos actuales y a la organización interna de las empresas.
Horas
Otro de los puntos que el Gobierno quiere generalizar es el banco de horas, un sistema ya aplicado en actividades como la minería y el petróleo. La idea es que cada convenio colectivo pueda acordar esquemas más flexibles de organización del tiempo de trabajo y cerrar jornadas promedio a lo largo del mes.
Despidos e indemnizaciones
En cuanto al régimen indemnizatorio, De Diego confirmó que no habrá cambios en el cálculo vigente: un salario por año trabajado o fracción superior a tres meses, determinado sobre la mejor remuneración mensual habitual. Paralelamente, el Ejecutivo pretende impulsar la ampliación del fondo de cese laboral como herramienta para que los trabajadores cobren de manera inmediata cuando se extingue la relación contractual.
Registración
La informalidad, uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo argentino, también aparece entre los objetivos de la reforma. El asesor sostuvo que, para que los empleadores formalicen trabajadores, “el costo de ingreso a la economía registrada debe ser cero”, lo que implicaría eliminar sanciones y aportes retroactivos. Además, señaló que el proyecto incluye mecanismos para que quienes hoy están fuera del sistema puedan acumular antigüedad de forma gradual y acceder a una jubilación.
Con estas definiciones, el Gobierno anticipa que la reforma laboral será uno de los grandes debates de finales de este año y principios de 2026. Del otro lado, sindicatos y organizaciones ya alertaron que se preparan para enfrentar una iniciativa que consideran regresiva y que, advierten, podría profundizar la precarización en un mercado de trabajo ya golpeado.
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