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Foto: CTA-A
La CTA Autónoma presentó un paquete de 18 iniciativas destinado a ofrecer una alternativa frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El conjunto de propuestas fue elaborado por un equipo técnico de la central y se plantea como un aporte al debate público. Entre los ejes principales aparecen la regulación del reparto de ganancias, la reducción de la jornada laboral, el registro de trabajadores de plataformas y la ampliación de licencias.
Bajo el título “Aportes para la protección del trabajo digno en el mundo actual”, la central que conduce Hugo “Cachorro” Godoy difundió un documento elaborado por Luis Campos, Jimena Frankel y Javier Izaguirre, integrantes del Instituto de Estudios y Formación (IEF) y del área jurídica de la CTA Autónoma. El objetivo es delinear una propuesta alternativa que contrarreste los efectos de la reforma oficialista que pronto ingresará al Congreso.
Entre los puntos centrales, el texto propone revertir aspectos clave de la Ley Bases: eliminar la posibilidad de que empleadores utilicen figuras del Código Civil y Comercial para encubrir relaciones laborales, derogar la figura del “trabajador independiente con colaboradores” y restablecer la responsabilidad solidaria de las empresas principales en casos de tercerización.
El documento también sugiere limitar los poderes de organización y dirección de los empleadores; reducir el período de prueba a los tres meses vigentes antes de la Ley Bases; ampliar las vacaciones y garantizar que quienes tienen responsabilidades de cuidado puedan tomarlas durante el receso escolar. Además, plantea aumentar licencias vinculadas a tareas de cuidado, reconocer formalmente el trabajo de quienes las realizan y avanzar hacia la reducción de la jornada laboral.
Otro eje relevante es la prohibición explícita de situaciones discriminatorias en el ámbito laboral, ampliando mecanismos de tutela y reparación. También propone extender los plazos de prescripción de créditos laborales y restituir sanciones a empleadores que no registren a sus trabajadores, sanciones que la Ley Bases había eliminado y que -según la CTA- demostraron ser ineficaces para combatir el trabajo no registrado.
El documento retoma además un reclamo histórico: la reglamentación de la participación de las y los trabajadores en las ganancias empresariales, prevista en la Constitución pero nunca implementada.
En cuanto al derecho de huelga, la CTA propone garantizar la posibilidad de realizar asambleas en los lugares de trabajo y reforzar las condiciones para ejercer este derecho constitucional.
Finalmente, el paquete aborda problemáticas de fuerte actualidad: limitar la capacidad del Estado para despedir trabajadores públicos -en un contexto en que el Gobierno ya desvinculó a más de 50 mil empleados- y reconocer el carácter laboral de quienes trabajan para plataformas digitales, un debate todavía pendiente en Argentina.
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