Consejo del Salario: ¿en qué consiste la acción judicial presentada por las CTA?

Editar noticia


La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma recurrieron a la Justicia Nacional del Trabajo para que el Gobierno convoque de forma urgente al Consejo del Salario, órgano clave para la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuya actividad se encuentra paralizada desde el inicio de la gestión libertaria.

La acción judicial, presentada mediante una medida cautelar ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 (Expte. N° 44581/25), busca que la Justicia ordene al Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- a cumplir con su obligación legal de convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las centrales sostienen que el Gobierno “ha incumplido de manera sistemática su deber de reunir bimestralmente el organismo tripartito”, lo que constituye una violación tanto de la Ley 24.013 como del Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan el diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

En su presentación, las CTA reclaman dos puntos centrales: que se fije un nuevo salario mínimo que cumpla con lo establecido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo -asegurando condiciones dignas de alimentación, vivienda, educación y salud-, y que se definan criterios transparentes para la construcción de una canasta básica de referencia que sirva como parámetro en futuras actualizaciones.

Las organizaciones que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky advierten que la falta de convocatoria al Consejo “ha degradado completamente” la función del salario mínimo, que hoy se encuentra en su nivel más bajo desde 2001. Según cálculos técnicos citados en el expediente, el actual valor de $322.000 cubre apenas el 58% de la canasta alimentaria y ha perdido más del 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

“Ante la falta de respuesta a nuestras intimaciones, resolvimos acudir a la Justicia para frenar la vulneración de un derecho constitucional que es la base de la justicia social”, sostienen las centrales en su comunicado.


Compartir esta nota