Organismos de DD.HH. presentaron una denuncia por la represión contra dirigentes de la CTA-A Córdoba
Editar noticia
Compartir esta nota
Foto: Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, a través de su Guardia Jurídica, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Poder Judicial de la Provincia contra el fiscal Ernesto Rafael de Aragón, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, por violencia institucional y criminalización de la protesta social.
La presentación judicial fue realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) –regional Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Río Tercero–, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación Civil Ex Presos Políticos por la Patria Grande y la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
El escrito, titulado “Denuncia por criminalización de la protesta social reiterada – maltratos – abuso de autoridad – violencia institucional”, surge a raíz de los hechos ocurridos el pasado 28 de agosto, cuando una protesta convocada por la CTA Autónoma y distintos sectores sociales reclamó frente al incumplimiento de la Municipalidad de Córdoba en la entrega de ayuda alimentaria a comedores comunitarios.
Foto: CTA-A Córdoba
En esa jornada, 15 manifestantes fueron detenidos mediante un operativo que las organizaciones calificaron de “desmedido y con uso desproporcionado de la fuerza”. Entre los apresados se encontraba el secretario general de ATE y CTA Autónoma, Federico Giuliani.
Además, los organismos de derechos humanos adelantaron que presentarán una denuncia complementaria ante el Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia, dirigida contra los efectivos policiales responsables del operativo.
En un comunicado, las organizaciones remarcaron que “el hambre es un crimen” y que las políticas públicas del Gobierno nacional en materia socioeconómica agravan la situación de vulnerabilidad, especialmente entre niños que día a día se quedan sin un plato de comida. También advirtieron que no permitirán que prácticas represivas contra la protesta social se instalen en Córdoba, en un contexto de creciente conflictividad social.
Compartir esta nota
