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En un fallo que refuerza los límites a las políticas antisindicales del Gobierno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto el botón digital de desafiliación que la Agencia de Recaudación de la ex AFIP (ARCA) había lanzado en abril. El mecanismo, presentado como una herramienta de “libertad individual”, fue considerado por la Justicia como una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos.
La resolución, emitida por la Sala I, ratifica la medida cautelar dictada en mayo, luego de que los gremios del organismo recurrieran a la vía judicial para frenar la iniciativa. Según el fallo, el sistema vulnera la autonomía sindical al permitir que el empleador administre directamente las bajas de afiliación sin intervención de las entidades gremiales.
El botón permitía que cualquier trabajador solicitara su desafiliación con un solo clic desde el legajo digital, y prometía mostrar en el acto cuánto dinero se “recuperaría” en el recibo de sueldo. La intención era clara: debilitar el financiamiento de las organizaciones gremiales y erosionar su capacidad de representación. La iniciativa fue presentada, provocativamente, en la víspera del Día del Trabajador.
La Cámara sostuvo que este tipo de mecanismos no solo contradicen el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Sindicales -que prohíbe expresamente las injerencias del empleador en la vida gremial-, sino que además ignoran que la desafiliación debe gestionarse por escrito, no a través de plataformas internas controladas por la patronal.
La resolución judicial representa un freno a una política que, bajo el disfraz de la “modernización”, apunta a desarticular el poder colectivo de los trabajadores. En un escenario de creciente hostilidad estatal hacia los gremios, el fallo refuerza una premisa básica del derecho laboral: la libertad sindical no se negocia.
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