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Foto: ATE
Tras la reciente presentación del “Nuevo Reglamento para las Residencias Médicas” por parte del Ministerio de Salud de la Nación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió al cruce y cuestionó con dureza la medida, al considerar que encubre un retroceso en los derechos laborales y constituye un “fraude sin precedentes”. El pronunciamiento se da en el marco del conflicto salarial que afecta al Hospital Garrahan en Capital Federal.
Desde la cartera sanitaria aseguran que la reforma busca "jerarquizar" la formación médica, ordenar un sistema “heredado del kirchnerismo” y ofrecer mayores márgenes de elección a los profesionales ingresantes. Según el comunicado oficial, los residentes podrán optar entre una “beca Institución” —contrato directo con los hospitales, sin aportes ni cargas sociales— o una “beca Ministerio”, que mantendría los descuentos habituales. El Gobierno sostiene que se trata de una gestión “más simple, transparente y justa”, y afirma que el Estado nacional mantendrá su rol en la planificación y regulación.
No obstante, desde ATE la lectura es diametralmente opuesta. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, advirtió que los cambios apuntan a precarizar aún más el vínculo laboral con los residentes: “Los cambios en el sistema de residencias médicas son un fraude sin precedentes. El Estado pretende evadir e incumplir con sus obligaciones laborales”, afirmó. En ese sentido, alertó que la figura de la beca “será utilizada para esconder la verdadera naturaleza del vínculo de trabajo”.
Aguiar consideró que la reforma legaliza “contrataciones irregulares” y tendrá consecuencias graves para el conjunto del sistema sanitario. “El Gobierno pretende disfrazar la relación laboral con los residentes para pagar salarios inferiores a los del convenio colectivo, no liquidar aguinaldos, horas extras ni vacaciones, eludir aportes a la seguridad social y hasta incumplir normas de higiene y seguridad”, denunció.
El dirigente sindical también señaló que la nueva normativa restringe derechos básicos: “El Gobierno de Milei hasta tiene la intención de prohibir la sindicalización de los profesionales”, lo que para ATE representa un “retroceso sin precedentes en materia de derechos laborales” y configura un “mecanismo de brutal explotación de las fuerzas de trabajo”.
En este contexto, el gremio anticipó que evalúa acciones gremiales y judiciales para frenar la implementación del nuevo régimen. “No descartamos medidas de acción directa ni una presentación judicial que ponga un freno a este nuevo avasallamiento sobre el empleo público”, concluyó Aguiar.
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