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La Justicia laboral frenó parte del DNU 340/2025 impulsado por el Gobierno nacional, al hacer lugar a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) que denunció un intento por restringir el derecho a huelga.
La jueza Moira Fullana resolvió suspender de manera provisional los artículos 2 y 3 del decreto firmado por el presidente Javier Milei, al considerar que su contenido vulnera garantías constitucionales.
En su fallo, Fullana reafirmó la competencia del fuero laboral para intervenir en la causa, pese a que el Poder Ejecutivo había intentado trasladarla al fuero Contencioso Administrativo. La magistrada respaldó el planteo de la CGT, que cuestionó la validez del decreto por entender que no se respetó el procedimiento legislativo correspondiente, ya que toda reforma del régimen de huelga debe ser tratada por el Congreso.
Además, la central obrera argumentó que la normativa choca no solo con la legislación nacional, sino también con tratados internacionales con jerarquía constitucional. El Ministerio Público Fiscal también se pronunció a favor de la competencia de la Justicia laboral, al señalar que el caso involucra derechos sociales protegidos por la Constitución.
El fallo recuerda un episodio similar ocurrido en los primeros días del gobierno de Milei, cuando a través del DNU 70/2023 se impulsaron cambios en materia laboral que incluyeron restricciones al derecho a huelga. Ese decreto aún se encuentra vigente, y fue utilizado como antecedente por el oficialismo para intentar avanzar con nuevas modificaciones por vía ejecutiva.
La resolución judicial constituye un nuevo revés para la estrategia del Ejecutivo de avanzar con reformas de fondo sin el aval del Congreso, y refuerza el papel de los tribunales laborales como garantes de los derechos colectivos de los trabajadores.
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