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Foto: Diario Sindical
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba expresó un enérgico repudio al reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei, que amplía las funciones de la Policía Federal y habilita, entre otras medidas, detenciones arbitrarias sin orden judicial, retenes para impedir manifestaciones públicas, espionaje ilegal y confección de listas negras.
Desde el gremio señalaron que se trata de “un nuevo escalón de represión a la protesta social en Argentina”, y advirtieron que la iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, “constituye todo tipo de violaciones a la ley de Inteligencia Nacional (25.520)”. El decreto se presenta bajo la figura de un nuevo Estatuto para el funcionamiento de la fuerza federal y se inscribe en una línea política que incluye la denominada “ley Antimafias” —que “transformó cualquier reunión de más de 3 personas en una organización criminal”— y el Plan de Inteligencia Nacional, “cuya redacción reveló que pretenden usar a los espías para el control social”.
ATE Córdoba sostuvo que el decreto “seguramente será declarado inconstitucional de encontrarse en el país un juez federal que se atenga a los fundamentos de nuestra carta magna”, y afirmó que “expresa una dirección del gobierno dirigida a imponer el ajuste con más represión”.
La publicación de la medida coincidió con la preparación de una movilización “contra la proscripción de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, y con el regreso de Milei de su viaje a Israel, “comprometido con la política genocida del régimen sionista contra Gaza y en su escalada belicista en todo Medio Oriente”.
El gremio citó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que manifestó que “esta transformación va en línea con las políticas de seguridad de Patricia Bullrich que, bajo una narrativa de modernización, entrega facultades discrecionales y controles débiles sobre la actuación de esa fuerza”.
En ese marco, ATE Córdoba instó “a todas las fuerzas políticas y sociales a repudiar este ataque flagrante al estado de derecho y la libertad del pueblo a manifestarse”, ratificando su “compromiso con la vida democrática en la Argentina”.
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