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Foto: Télam
El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de elaboración de una batería de decretos que profundizarán el plan de desregulación impulsado por la gestión de Javier Milei. Las medidas, que serán oficializadas en los próximos días, apuntan a reestructurar áreas del Estado mediante fusiones, cierres y recortes, y podrían derivar en una nueva ola de despidos en la administración pública.
Al frente de la iniciativa está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien junto al Presidente trabaja contra reloj para firmar los decretos antes del 8 de julio, fecha en la que expira el período de facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. En este marco, el Gobierno ya adelantó que no solicitará una prórroga.
La denominada “segunda generación de reformas” incluye un conjunto de al menos veinte decretos que impactarán sobre organismos y dependencias estatales. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reducir estructuras innecesarias, eliminar superposiciones de funciones y avanzar hacia una administración “más eficiente”.
“En los próximos 50 días vamos a ver un movimiento bastante importante”, anticipó Sturzenegger días atrás, en referencia al uso intensivo de las facultades extraordinarias antes de su vencimiento.
Desde diciembre, el Ejecutivo informó la desvinculación de 45.164 trabajadores y una reducción del 36% en cargos jerárquicos. Todo indica que la tendencia continuará en lo que resta del año.
A esto se suma el paquete de decretos 344, 345, 346 y 347/2025, que ya pusieron en marcha una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional. Las medidas implican la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos estatales.
El Gobierno justifica las reformas con un diagnóstico que señala un crecimiento desmedido del aparato estatal en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1983 la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados aumentó un 150%, alcanzando actualmente a 111 entidades que emplean a más de 80.000 personas, lo que representa el 48% del personal total de la administración pública.
El Ejecutivo también señala que desde 2010 la dotación de estos entes creció un 148%, frente al 33% de la administración central. En paralelo, existen más de 5.600 unidades organizativas y cerca de 700 autoridades superiores en estos espacios, más del doble que en el resto del Estado.
En paralelo, la gestión Milei avanza en cambios normativos que afectan de lleno al empleo público y al movimiento obrero organizado. En los últimos días se oficializaron medidas que restringen el derecho a huelga e imponen modificaciones en la elección de delegados gremiales, como parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema laboral estatal.
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