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Foto: Diario Sindical
El Gobierno nacional oficializó una medida que representa un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.
A través del decreto 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, Javier Milei introdujo modificaciones a la Ley 25.877 y restringió severamente el derecho de huelga al ampliar las actividades consideradas esenciales y crear una nueva categoría: los servicios de importancia trascendental.
La medida fue incorporada sorpresivamente dentro del decreto que desregula la marina mercante, y reemplaza por completo el artículo 24 de la mencionada ley. A partir de ahora, los conflictos laborales que involucren sectores estratégicos deberán garantizar servicios mínimos del 75% en el caso de las actividades esenciales y del 50% para aquellas catalogadas como trascendentales, incluso durante una huelga.
¿Qué actividades abarca el decreto?
Se consideran servicios esenciales:
- Salud y hospitales, transporte y distribución de medicamentos e insumos, servicios farmacéuticos.
- Agua potable, gas, energía eléctrica y otros combustibles.
- Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales.
- Aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo y portuario.
- Servicios aduaneros y migratorios.
- Educación inicial, primaria, secundaria y especial.
- Transporte marítimo y fluvial y sus actividades conexas.
Se definen como actividades de importancia trascendental:
- Producción de medicamentos e insumos hospitalarios.
- Transporte terrestre y subterráneo de personas y mercancías.
- Servicios de radio y televisión.
- Industrias continuas: siderurgia, aluminio, química, cementera.
- Industria alimenticia en toda su cadena de valor.
- Construcción, reparación de aeronaves y buques, logística, minería, frigoríficos, correos, agroindustria.
- Bancos, servicios financieros, hotelería, gastronomía y comercio electrónico.
- Producción de bienes o servicios vinculados a compromisos de exportación.
Avance contra los derechos laborales
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaron en duros términos la medida y denunciaron que “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”. Al mismo tiempo la calificaron como una avanzada del Gobierno que busca borrar derechos conquistados.
“En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores”, advirtió la central obrera, que anticipó que dará las batallas necesarias “en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo”.
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