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El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), perteneciente al Centro de Almaceneros de Córdoba, dio precisiones sobre lo que necesitó una familia cordobesa en marzo para no caer en la pobreza.
Según su informe, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de la pobreza, se ubicó en $1.374.360. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el límite de la indigencia, alcanzó los $744.131, con un incremento mensual del 3,3%, superando la inflación general y acumulando un alza del 9,1% en lo que va del año.
El rubro "Alimentos y Bebidas sin Alcohol", el de mayor impacto en la inflación, mostró un nuevo incremento. El informe atribuye esta suba a factores estacionales y a la volatilidad del dólar paralelo en los últimos días de marzo.
Creciente vulnerabilidad social
Según la encuesta de hogares del IETSE, un alto porcentaje de familias no logra cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el acceso a una alimentación adecuada. El informe revela que el 58% de los hogares no pudo acceder completamente a la Canasta Básica Alimentaria, y que del 42% que sí lo logró, el 73% lo hizo gracias a asistencia estatal (AUH o Tarjeta Alimentar).
Otros datos alarmantes incluyen:
- En el 10,3% de los hogares, al menos un integrante comió solo una vez al día o pasó un día entero sin comer.
- Un 17,7% de las familias recurrió a pedir dinero o alimentos para poder subsistir.
- El 19% de los hogares se quedó sin alimentos en algún momento del mes.
- En el 29,7% de los casos, al menos un integrante sintió hambre pero no pudo satisfacer su necesidad.
- El 48,7% de las familias debió suprimir alguna comida diaria.
- El 85,5% de los hogares recurrió a financiamiento para la compra de alimentos: 43,5% con tarjeta de crédito, 37,8% al fiado y 6,2% con dinero prestado.
Advertencia sobre el impacto social
El IETSE señala que, aunque los datos oficiales del INDEC reflejan una reducción técnica de los niveles de pobreza e indigencia debido a aumentos en los ingresos, la eliminación de subsidios, los aumentos en los alquileres y otros factores han elevado los gastos familiares, dificultando la cobertura de necesidades esenciales.
Ante este escenario, el organismo recomienda que el Gobierno nacional aborde con urgencia la crisis social con una perspectiva integral, considerando no solo los aspectos económicos sino también los sociales y humanos. Propone la implementación de políticas efectivas que reduzcan la pobreza multidimensional y la desigualdad, garantizando el acceso a la alimentación, la vivienda y los servicios esenciales.
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