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En el marco de su política de ajuste fiscal, el Gobierno nacional oficializó la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público, estableciendo un nuevo régimen que limita el ingreso de personal, fija un plazo máximo para los contratos existentes y exige la aprobación de exámenes de idoneidad como condición obligatoria para acceder a un puesto en el Estado.
La medida fue anunciada mediante los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en la última edición del Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El decreto 1148/2024 suspende las contrataciones en todas las áreas del sector público nacional, abarcando tanto plantas transitorias como permanentes, así como contratos regidos por el régimen de monotributistas (conocidos como contratos 1.109).
Sin embargo, la normativa contempla excepciones para áreas estratégicas como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Universidades; el Servicio Exterior de la Nación; el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el personal hospitalario dependiente del Ministerio de Salud.
Además, se implementa la estrategia del "3x1", que permite la incorporación de un nuevo agente solo si se informa la baja de tres empleados.
Requisitos más estrictos y plazos limitados
El decreto 1149/2024 introduce como requisito obligatorio para nuevos ingresos la aprobación de un examen de idoneidad, denominado Evaluación General de Conocimientos y Competencias, a realizarse en diciembre de 2024. Asimismo, establece que las contrataciones vigentes no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025.
Despidos masivos en 2024
La política de recorte se tradujo en la pérdida de 36.000 empleos públicos durante 2024. De esa cifra, 21.408 despidos corresponden a la administración centralizada y descentralizada, 2.577 al personal militar y de seguridad, y 11.951 a trabajadores de empresas estatales.
En diciembre, se registraron 2.200 despidos en el Ministerio de Justicia, principalmente bajo el esquema de "contratos Acara", y más de 100 empleados fueron desafectados de la Defensoría del Público, un organismo que el Ejecutivo ya anticipó su intención de eliminar.
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