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Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que se desarrolló en todo el país, el Gobierno anunció el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que su aprobación tenía "fines políticos y afectaba el equilibrio fiscal" al ampliar partidas presupuestarias no contempladas.
Horas antes, el Ejecutivo había emitido un comunicado en el que acusaba a referentes opositores presentes en la manifestación de formar "un nuevo frente de izquierda populista".
A través del decreto 879/2024, el presidente Javier Milei oficializó el rechazo a la ley sancionada por el Congreso, que tenía como objetivo incrementar el presupuesto para las universidades nacionales y mejorar los salarios de docentes y no docentes, una medida que contaba con amplio apoyo social.
En el Boletín Oficial, el texto del veto argumenta que "el proyecto de ley en cuestión no busca proteger ni sostener el financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que pretende perjudicar políticamente al Gobierno".
Asimismo señala que la propuesta es "claramente violatoria del marco jurídico vigente" ya que no considera el impacto fiscal de la medida ni establece la fuente de financiamiento correspondiente.
A raíz del veto, los gremios docentes, nodocentes y estudiantiles, así como las autoridades de las universidades nacionales, definirán acciones a seguir, dando continuidad a su plan de lucha en defensa del financiamiento y los salarios.
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