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Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación) Foto: Télam
El Gobierno de Javier Milei exigirá al personal del sector público nacional (que reúna las condiciones legales para jubilarse) que inicie los trámites previsionales correspondientes, medida oficializada a través del Decreto 3/2024 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece que los titulares de las entidades incluidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 deberán garantizar que as y los trabajadores que cumplan los requisitos legales comiencen el trámite en un plazo máximo de 30 días hábiles.
El decreto alcanza a los empleados de la Administración Nacional, compuesta por la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, dentro del ámbito del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. También incluye a organismos públicos con autarquía financiera y control estatal, abarcando tanto entidades estatales como aquellas donde el Estado mantiene control mayoritario sobre decisiones patrimoniales o societarias.
Empresas estatales y exclusiones
La disposición "recomienda" que la misma medida se aplique en empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y otras organizaciones empresariales bajo control estatal. Sin embargo, quedan excluidos de la normativa los trabajadores y trabajadoras de fondos fiduciarios integrados por bienes o fondos del Estado nacional.
Excepciones y prórrogas
Los titulares de cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP, hasta el nivel de coordinador, podrán optar por no acogerse a la medida. Además, las autoridades con rango de secretario o equivalente en los organismos descentralizados podrán solicitar prórrogas excepcionales por un máximo de seis meses si justifican la necesidad estratégica de mantener en funciones a empleados de planta permanente.
Requisitos jubilatorios y objetivos del decreto
El marco legal para acceder a la jubilación se establece en la Ley N° 24.241, que permite a los hombres jubilarse a los 65 años y a las mujeres a los 60, siempre que acrediten 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
En sus fundamentos, la Resolución 3/2024 invoca los principios de la Ley de Bases Administrativas, que promueve una gestión pública "eficiente y transparente". El texto subraya la necesidad de reducir el "sobredimensionamiento estatal" para equilibrar las cuentas públicas y "mejorar la eficiencia en el gasto del Estado".
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