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En diálogo con Diario Sindical, el abogado Carlos Cafure criticó nuevamente a las aplicaciones no habilitadas de transporte. El letrado se pronunció en contra de las iniciativas que pretenden legalizarlas ya que, según su visión, generar múltiples perjuicios.
"Las apps de transporte implican fuga de capitales porque el 30% que lo que genera cada viaje que hacen los choferes se fuga del país. Ese dinero sale de Argentina y no se reinvierte. Además implican evasión tributaria, un delito que está tipificado en el Código Penal, ocasionando un perjuicio directo a la ciudadanía argentina en su conjunto, porque sabemos que los impuestos sirven para la inversión en educación, seguridad y salud del Pueblo argentino", detalló.
Por otra parte, Cafure señaló que "las apps promueven una explotación laboral manifiesta al tener a los dependientes trabajando con un simple monotributo en un marco de claro fraude laboral".
"Al haber una relación de dependencia encubierta se utiliza el monotributo como un instrumento para no registrar a los conductores como trabajadores", añadió.
El abogado que patrocina al Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco) no dudó en asegurar que la apps ponen en situación de extinción a la actividad de taxis y remises: "los viajes se han reducido entre un 50% y 60%, impactando negativamente en el bolsillo de los titulares de los vehículos y también de los choferes, quienes hoy no pueden hacer frente a las necesidades básicas que tiene una familia".
En relación a los concejales e intendentes de diversas ciudades y localidades que promueven la legalización de las aplicaciones extranjeras de transporte, Cafure manifestó que el único recinto de la Argentina que tiene competencias para legislar materia de fondo, en este caso derechos laborales, es el Congreso de la Nación, razón por la cual ningún Concejo Deliberante puede legislar en tal sentido.
"Primero se debería aprobar una ley en el Congreso para después aprobarse los marcos en las provincias y luego fijar el procedimiento en los Concejos Deliberantes", puntualizó.
Plan de acción
Cafure afirmó que el sector de taxis y remises diagramó un plan de acción contra las apps que se basa en tres ejes. El primero de ellos es legislativo mediante la presentación de proyectos en los Concejos Deliberantes de Córdoba y el país en rechazo a las aplicaciones. El segundo es la implementación de un plan de lucha gremial a nivel nacional, sobre todo luego del decreto 883/24 publicado por el Gobierno de Javier Milei para desregular el transporte. El tercero, en tanto, es la adopción de acciones judiciales de acuerdo a la realidad de cada distrito.
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