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La semana pasada se presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un proyecto de ordenanza que busca operativizar la prohibición de aplicaciones de transporte no habilitadas por el Municipio y proteger las fuentes laborales de los choferes de taxis.
La iniciativa elaborada por el abogado Carlos Cafure, impulsada por el concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba) y apoyada por el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco) propone cambios en el Código de Convivencia Municipal.
"Es una iniciativa peronista que apunta no solo a mejorar el marco normativo municipal actual en esta materia, sino que además busca proteger todas las fuentes de trabajo del sector del taxi y del remis en nuestra ciudad", señaló Cafure.
Y agregó: "Quiero destacar la predisposición del concejal Diego Casado, quien no solo demuestra ser peronista desde lo discursivo, sino también desde sus acciones. Defiende el trabajo nacional, y por ende, el trabajo de los taxistas y remiseros con relación a apps extranjeras de transporte de personas, que fugan capitales, evaden impuestos y promueven la explotación laboral".
El Sipetaco rechaza la proliferación de apps de transporte
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa modifica el artículo 181 del Código de Convivencia Municipal estableciendo que en caso que la Municipalidad tome conocimiento del funcionamiento de servicios de transporte automotor de pasajeros no habilitado a través de publicidades en prensa radial, televisiva, gráfica, cartelería, internet, redes sociales u otro medio, podrá recurrir ante la Justicia para solicitar el inmediato bloqueo de la aplicación "con la finalidad de prevenir evasión tributaria, explotación laboral y competencia desleal".
Asimismo, según el proyecto, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) queda facultado a notificar a los medios de comunicación la ilegalidad manifiesta de las aplicaciones a los efectos de cumplimentar la normativa vigente en el Código de Convivencia Ciudadana.
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que las apps de transporte generan "una clara competencia desleal en relación a los taxis y remises, debido a que no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad, no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados), no tienen radio, GPS, botón de pánico, ni inspecciones municipales".
Además, afirma el proyecto, las aplicaciones "evaden impuestos, tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo y terminan en definitiva tercerizado como así precarizando laboralmente la actividad de taxis y remises".
"Se desconoce si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual no hay certeza alguna de que los conductores o estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas sean responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales", remarca el proyecto de modificación.
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