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Foto: Prensa UNC
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró la crisis salarial de los claustros docentes y nodocente en todas sus funciones y solicitó que se eleve este pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional, al Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
En el documento aprobado sobre tablas, el Consejo respaldó el reclamo salarial de las y los trabajadores ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias en curso.
El texto señala que desde noviembre de 2023, los salarios del personal universitario han caído hasta un 45% en términos reales. Además, desde diciembre pasado no se actualiza la garantía salarial para los empleados y empleadas con menor antigüedad.
Por otra parte, el Consejo denunció que los colegios preuniversitarios están particularmente afectados por la cancelación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que agrava la crisis económica de las obras sociales universitarias.
La declaración también subraya la disminución, en términos reales, de las transferencias del "Programa de Desarrollo de la Educación Superior". Esta reducción provocó la suspensión del financiamiento para actividades como la participación en congresos, publicaciones, subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.
Asimismo menciona la falta de ejecución de financiamiento para proyectos de investigación en curso por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como el insuficiente aumento de los montos destinados a programas y dispositivos de asistencia estudiantil, como las becas.
El Consejo Superior reiteró que las tareas de docentes y no docentes deben ser jerarquizadas para garantizar la excelencia en las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
En los párrafos finales, enfatizó que el Gobierno nacional es el responsable de las negociaciones salariales y debe encontrar la manera de recomponer los salarios. También recordó que la promoción de una educación inclusiva y de calidad es una obligación indelegable del Estado argentino.
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