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Foto: Diario Sindical
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) expresaron su rechazo al proyecto de ley que busca declarar a la educación como servicio estratégico esencial.
Ambas organizaciones coincidieron en que la iniciativa tiene como objetivo vulnerar el derecho a huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
"Lo único que se pretende en este caso es limitar el derecho a huelga. Aquellos que sostienen la suspensión de la paritaria nacional, la suspensión del Fondo de Financiamiento Educativo, el no pago del Fonid y el no envío de fondos para comedores escolares son los que hoy quieren declarar la educación como servicio esencial", señaló el titular de Uepc, Roberto Cristalli.
Además, el dirigente afirmó que la propuesta de garantizar la presencia fija de al menos el 30% de docentes en los establecimientos no pretende garantizar el servicio educativo, sino que las y los estudiantes "estén en la escuela y alguien los cuide".
Y agregó: "Vemos con mucha preocupación el proyecto. Entendemos que la educación no es un servicio esencial. La Constitución así lo establece y lo único que se está pretendiendo acá es avanzar en la privatización del sistema educativo, no cumplir con lo que dice la Ley de Educación Nacional que consagra a la educación como un derecho social que debe estar garantizado con recursos del Estado".
Por su parte, desde Sadop sostuvieron que el dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara Nacional de Diputados dado la semana pasada atenta contra los derechos adquiridos "durante décadas de lucha sindical y cercena la expresión colectiva de las y los trabajadores de la educación".
Asimismo, las y los docentes privados plantearon en un comunicado que la educación "no es una mera prestación de servicio" sino "un bien público y un derecho personal y social que requiere de políticas e inversión por parte del Estado Nacional, para garantizar el acceso y permanencia dentro del sistema educativo de todas y todos los habitantes de nuestro país, en pos de brindar la formación integral de las personas y el desarrollo de una sociedad justa y equitativa".
"Creemos firmemente que la educación debe ser protegida como un espacio de diálogo, reflexión y construcción de ciudadanía, y no como un servicio sujeto a las lógicas del mercado", concluyeron desde Sadop.
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