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La CGT y la CTA de los Trabajadores dieron a conocer su postura en relación al nuevo protocolo lanzado por el Gobierno nacional para limitar la protesta social.
Desde la central que lideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano señalaron que la norma "es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical".
En esa línea, la organización agregó que el protocolo "vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas".
En un comunicado, la cúpula de la central se refirió a la gravedad de la medida implementada por el Ministerio de Seguridad de la Nación aseverando que "procura subordinar la acción de la justicia a las fuerzas policiales y de seguridad".
Asimismo, desde Azopardo remarcaron que las y los trabajadores "siempre fueron los primeros en respetar la ley, porque saben que ello es la mejor garantía para que sus derechos sean respetados".
"Callar las legítimas manifestaciones"
Por su parte, la CTA de los Trabajadores también sumó su rechazo al protocolo de la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich remarcando que el mismo "restringe la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades".
"Introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de 'inteligencia' sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas", plantearon desde la organización que encabeza Hugo Yasky.
Y añadieron: "Se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste".
Asimismo, desde la central obrera recordaron que los derechos de huelga y peticionar ante las autoridades cuentan con rango constitucional y no pueden ser vulnerados.
"Exigimos al Gobierno nacional la inmediata derogación del protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social", concluyeron desde la CTA-T.
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