Editar noticia
Compartir esta nota
Foto: ATE Córdoba
A un año del allanamiento que la Justicia ordenó en el domicilio particular del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, la fiscalía a cargo de Ernesto de Aragón llamó al dirigente a declarar como imputado en el marco de una causa abierta luego de las protestas callejeras que protagonizó el sindicato estatal el 25 de mayo del año pasado, en repudio a la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba.
Desde ATE Córdoba afirmaron que la citación a Tribunales "busca amedrentar la lucha popular"; al tiempo que señalaron que no es casual que la medida "se tome el mismo día que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, saliera a reclamar por los medios de comunicación una ley antipiquetes a la Legislatura".
Cabe recordar que el allanamiento mencionado implicó la retención de los teléfonos celulares de la familia Giuliani, incluyendo un dispositivo perteneciente a su hijo de 9 años. Asimismo, en la ocasión se le impuso al dirigente una fianza de 10 millones de pesos.
"Se trata de una muestra clara del intento de amedrentamiento a los dirigentes sociales en la provincia, que no tendrían ningún problema judicial si se quedan en sus casas y evitan encabezar las protestas, frente a un gobierno que se dedica un día si y otro también a destruir el conjunto de derechos del pueblo argentino garantizados por la Constitución Nacional", manifestaron desde ATE Córdoba en un comunicado.
La organización denunció que todo lo anterior se ve agravado por el recurso de casación presentado recientemente por el fiscal de la Cámara de Acusación ante el Tribunal Superior de Justicia contra el sobreseimiento de Giuliani y otros cinco dirigentes sociales, quienes fueron imputados en otra causa bajo la acusación de obstruir la vía pública durante la Marcha contra el Hambre que tuvo lugar en abril de 2023.
"El ministro pretende vía judicial limitar una protesta social que solo se detendrá cuando desaparezcan las causas que la ocasionan: los bajos salarios, los miles de despidos que realiza Milei y la pobreza planificada para el conjunto de la mayoría población, al tiempo que realiza la entrega de nuestros recursos naturales, destruye el entramando industrial y productivo y pone en riesgo la soberanía nacional", expresó ATE.
Y concluyó: "Por más que continúe la persecución judicial, ningún fiscal podrá detener el legítimo y legal derecho a la protesta que ya han ratificado los tribunales provinciales".
Compartir esta nota
El uso, difusión, reproducción, copia, reutilización y redistribución de los contenidos de este sitio son libres SOLO si se cita la fuente.
